SOLICITA CERTIFICADO DIGITAL O CLAVE Y CONTRASEÑA PARA TUS GESTIONES ONLINE 

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Las personas que necesiten llevar a cabo trámites online para solicitar ayudas insulares o realizar cualquier trámite con otras administraciones, como es el caso de la prestación por desempleo, que requiere de certificado digital o la clave permanente (usuario y contraseña), deberán pedir cita en el centro de llamadas del Cabildo de Tenerife, 922 23 95 00, para poder acceder al nuevo servicio de atención a la ciudadanía a través de videollamada.

El horario de atención del centro de llamadas es de lunes a domingo, de 7:00 a 23:00 horas. Las personas que pidan cita previa para el servicio de videollamada recibirán un correo electrónico con la finalidad de comprobar la dirección de contacto, facilitar la fecha y hora en la que se realizará la videollamada y un enlace a la misma. También se solicitará en dicho correo que se detalle la solicitud que se va a realizar y que se adjunte una fotografía del DNI.  La videollamada podrá realizarse desde un ordenador, una tableta o un teléfono móvil.

En este apartado encontrarás una batería de preguntas acompañadas de sus correspondientes respuestas para que resuelvas todas tus consultas respecto a la situación de incertidumbre actual.

En él podrás acceder a preguntas más específicas relacionadas con tu sector profesional (Trabajadores o Autónomos y Micropymes) a través de dos subapartados que te enlazarán con las cuestiones referidas a tu circunstancia laboral.

Si a pesar de este conjunto de cuestiones, no puedes resolver tus dudas, cumplimenta el formulario situado en la zona inferior de la página para hacérnoslas llegar y poder trasladarte una respuesta lo antes posible.

Preguntas más frecuentes

TRABAJADORES

¿Cómo se concreta el horario en caso de reducción de jornada o adaptación del horario?


La concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido. Tiene que estar justificada, ser razonable y proporcionada, y tener en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora. Estas necesidades tienen que estar debidamente acreditadas y se tendrán en cuenta también las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.




¿Quién puede ejercer el derecho de deber de cuidado?


Es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores. Debe partir del reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y de evitar la perpetuación de roles. Tiene que ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en el caso de que varias personas trabajadoras accedan al derecho en la misma empresa.




¿Qué se considera deber de cuidado?


El deber de cuidado existe cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para atender a alguna de las personas indicadas en el apartado anterior. Esta atención puede ser requerida por razones de edad, enfermedad o discapacidad, o cuando necesite un cuidado personal como consecuencia directa del COVID-19. También se considerará que existe deber de cuidado cuando, debido a la decisión de las autoridades, se hayan cerrado centros educativos, centros de día o de cualquier otra naturaleza que dispensan en cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.




¿Cuándo tiene derecho un trabajador a una reducción de jornada o a adaptar el horario?


Tendrás derecho a una reducción de jornada cuando se acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora (padres, hijos, suegros, yernos, nueras, abuelos, nietos, hermanos y cuñados).




¿Qué puedo modificar o adaptar en relación a la jornada laboral?


La modificación o la adaptación puede afectar tanto a la distribución del tiempo de trabajo como a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, dependiendo de las necesidades de cuidado del solicitante:

  • Se puede solicitar cambio de turno.
  • Modificar el horario.
  • Flexibilizar la jornada.
  • Cambiar de centro de trabajo o de funciones.
  • Modificar la forma de prestación del trabajo, como por ejemplo hacerlo a distancia.
En definitiva, cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter excepcional y temporal que estará vinculado a la duración de la crisis sanitaria.




¿Cómo es el procedimiento para implantar la medida de reducción de jornada y comunicar mi propuesta a la empresa?


La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario. Ello no implica un cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 (cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad y familiares hasta 2º grado) del Estatuto de los Trabajadores. En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 %, el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado, y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa. En el supuesto establecido en el artículo 37.6, que se refiere al cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.




¿La reducción especial de jornada implica descuento salarial?


Sí, las medidas excepcionales facilitan el proceso para atender al deber de cuidados, pero la reducción de jornada llevará aparejada la reducción salarial proporcional. Es decir, si la reducción de jornada es del 100%, no se percibirá salario durante esos días.




¿Qué ocurre si ya tengo una reducción de jornada por hijos o familiares?


Si ya se tiene una adaptación de jornada por conciliación, una reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá renunciar temporalmente a él o se tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute. Deben concurrir siempre las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La solicitud debe limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa.




¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a la moratoria de hipotecas por el coronavirus?


La moratoria de hipotecas por el coronavirus está pensada, según consta en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, para deudores en situación de “vulnerabilidad”. Por tanto, no se tratará de una moratoria universal, sino para trabajadores o autónomos que tengan una hipoteca sobre su primera vivienda y se encuentren dentro de determinados parámetros económicos y familiares. Si necesita consultar éstos parámetros, envíenos un formulario de contacto con su consulta.




¿Cómo puedo pedir la moratoria de hipotecas por el coronavirus?


Para pedir la moratoria de hipotecas por el coronavirus, tendrás que dirigirte a tu banco y presentar una serie de documentos que certifiquen que cumples con los requisitos previstos por ley:

  • Si te has quedado en paro, un certificado de la entidad que gestione tus prestaciones donde se indique cuánto cobras cada mes.
  • Si eres un trabajador por cuenta propia (un autónomo), un certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente en cada comunidad que indique el cese de la actividad.
  • Para indicar el número de personas que viven en tu hogar (y sus particularidades) deberás presentar el libro de familia (o documento que acredite la pareja de hecho), el certificado de empadronamiento de cada persona y la declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad en caso de que fuera necesario.
  • Para indicar que eres titular de la casa, una nota simple de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar, las escrituras de compraventa y de la hipoteca.
  • Una declaración en la que certifiques que cumples con los requisitos que impone la ley.




¿Qué plazo tengo para solicitar la moratoria de hipotecas por el coronavirus?


Los deudores podrán solicitar a sus entidades la moratoria hipotecaria desde un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley que vio la luz el 18 de marzo de 2020 y, por tanto, se puede pedir a partir del día 19, y hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley. Es decir, si la normativa tiene un mes de vigencia, se podrá solicitar hasta quince días después de su fin, el 3 de mayo.




¿Cuándo se entenderá concedida por la entidad acreedora la moratoria de hipotecas por el coronavirus?


Una vez realizada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.




¿Qué efectos tiene la moratoria de hipotecas por el coronavirus?


La consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario. Durante el periodo de vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.




¿Qué consecuencias tiene la veracidad de los datos en la solicitud de moratoria de hipotecas por el coronavirus?


El deudor será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden, como penales, pudieran darse. Además, el importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma. También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.




¿Tienen alguna ayuda los trabajadores infectados con coronavirus?


Los trabajadores con COVID-19 tienen la consideración de personas de baja (con Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. Esto supone que tienen derecho a cobrar una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. Con ello, se libera del coste que puede suponer esta enfermedad tanto a trabajadores como a empresas.




¿Tienen alguna ayuda los trabajadores que están en aislamiento preventivo?


Los trabajadores en aislamiento preventivo tienen la misma consideración que si tuvieran COVID-19, por tanto, tienen derecho también a percibir una prestación equivalente al 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja (con Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. La Administración, por tanto, también se hace cargo de este coste.




¿Se pagará desempleo a todos los trabajadores afectados por un ERTE por causa de fuerza mayor?


Sí, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello, siendo el ERTE motivado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus.




¿La cotización por desempleo derivado de un ERTE por causa de fuerza mayor se tendrá en cuenta para el cálculo de futuras prestaciones?


No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE por causa de fuerza mayor tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus.




¿Se puede distribuir de forma irregular la jornada de trabajo?


El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores permite, conforme a lo que especifique cada convenio o mediante pacto o acuerdo en defecto de aquel, que la empresa pueda distribuir irregularmente la jornada a lo largo del año. La Ley especifica que la empresa puede distribuir irregularmente la jornada en un 10% del total de esta, que podrá ser ampliado en convenio. En esta situación se podrá hacer una bolsa de horas, para luego poder exigir su recuperación cuando volvamos a la normalidad, en un periodo de 12 meses. Hay que tener en cuenta que, en una jornada anual de 1.800 horas, un 10% representa 180 horas, que equivalen a casi 22 días de trabajo efectivo que, insistimos, podrá exigirse su recuperación en los próximos 12 meses. Durante este tiempo, los trabajadores/as permanecerán en sus casas y percibirán el 100% de su sueldo, cotizando a la Seguridad Social en la forma habitual.




¿Qué sucede si me toca pasar la ITV?


El Gobierno ha suspendido los plazos interpuestos por la Administración para efectuar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma.




En mi empresa nos han comunicado que van a hacer un ERTE debido a la pandemia. ¿Qué es un ERTE?


Es un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, que se suelen denominar ERTE o ERE temporales. Pueden consistir en la suspensión del contrato de los trabajadores de manera temporal o en la reducción de sus jornadas laborales y deben estar justificados por causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores). Los afectados pueden ser toda la plantilla o solo parte de ella.




¿Volveré a mi puesto después del ERTE?


El ERTE es una medida temporal y, cuando no existan las causas que lo motivaron, los trabajadores deben volver a sus puestos y/o recuperar sus jornadas anteriores.




Trabajo en pluriactividad y me han aplicado un ERTE, ¿puedo seguir trabajando como autónomo y cobrar paro?


No podemos cobrar paro y estar de alta en autónomos de forma simultánea. Este es uno de los motivos por los que los autónomos en pluriactividad no deben cotizar tampoco por el cese de actividad, ya que es prácticamente imposible que puedan cobrar por este concepto.




¿Cómo solicito el paro si están cerradas al público las oficinas del SEPE?


Las oficinas públicas del SEPE están cerradas a la atención presencial, pero no a la telefónica, y también se tramitan solicitudes por vía telemática. El Ministerio de Trabajo y Economía Social explica que "si es un despido individual, debe tratar de solicitar la prestación por teléfono o bien por medios telemáticos". En caso de que la persona que demanda la prestación por desempleo esté afectada por un ERTE por el coronavirus, su prestación será tramitada de oficio por el SEPE cuando la empresa le comunique los trabajadores afectados por el expediente.




¿Qué plazo tengo para solicitar la prestación por desempleo durante el estado de alarma?


Se ha decretado la suspensión de términos y la interrupción de plazos de los procedimientos administrativos para no perjudicar a la ciudadanía. En una situación normal, una persona se queda en paro y tiene 15 días hábiles para pedir una prestación. Si la pide después de esos 15 días, se le reconoce pero se le descuentan los días fuera de plazo. En este contexto, no corren los plazos mientras dure el estado de alarma. Los ciudadanos en paro podrán ir pidiendo las prestaciones y se les reconocerán sin restarles ningún día de lo que les corresponda en el pago.




¿Qué pasa con los contratos temporales de los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor cuya vigencia concluyó una vez acordado el ERTE?


Las trabajadoras y trabajadores con contratos temporales que hayan visto suspendidos sus contratos mediante un ERTE por fuerza mayor una vez pierda su vigencia el ERTE se reincorporarán a su puesto de trabajo por el tiempo que discurrió entre la fecha de efectos de la suspensión de su contrato y la fecha en que tenía que haber terminado.

Así, si vio suspendido su contrato con efectos del 14 de marzo y su contrato terminaba el 30 de marzo y se reincorpora el 1 de junio su contrato concluirá el 16 de ese mismo mes.




¿A qué se refiere la ampliación del bono social a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación como consecuencia del COVID-19?


El bono social es un descuento directo en la factura eléctrica, dirigido a usuarios en situación de vulnerabilidad.

Con carácter excepcional, y durante 6 meses a contar desde el 1 de abril, podrán solicitar el bono social:

- Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

- Los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Para poder acceder al bono social, es preciso que además cumplan con alguno de los siguientes criterios:

- Que la renta anual del usuario o su unidad familiar no sea superior a 18.799€, si no hay menores en el hogar.

- Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 22.559€ si hay un menor.

- Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 26.318€, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Los criterios de renta para acceder al bono social se calcular empleando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A los efectos del bono social, se tiene en cuenta la última renta anual disponible que, en estos momentos, es la de 2018.




¿Qué implica esta medida para sus potenciales beneficiarios?


Estos beneficiarios del bono social serán considerados usuarios en situación vulnerable, que supone un descuento directo un 25% en el recibo de la luz.

Se tendrá la condición de vulnerable en tanto no reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. En todo caso, la ayuda se prestará por un periodo máximo de 6 meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de abril.

En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 40% en la factura de electricidad.




¿Cómo se aplica el descuento del bono social?


El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria.

El descuento se aplica sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando el contrato de suministro esté a nombre de una persona jurídica y no del autónomo, éste deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure el profesional que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación.

Además, en todos los supuestos, es preciso estar adscrito a la tarifa de precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC). El cambio de tarifa se puede solicitar en el mismo momento en el que se tramita el bono social.

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.




¿Qué pasa si el inquilino de una vivienda no puede pagar el alquiler por el coronavirus?


Los inquilinos de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica debido al COVID-19 pueden solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la cuota de alquiler.

Por su parte, las obligaciones de los arrendadores varían en función de si se trata de empresas o “grandes tenedores” (más de 10 viviendas en propiedad) o de particulares (menos de 10 viviendas en propiedad). En el primer caso, deberán optar entre la reducción de renta en un 50% o una moratoria en el pago mientras que dure el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses después. Si el arrendatario es un particular, deberá comunicar al inquilino las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento o las posibles alternativas. Si no llegaran a ningún acuerdo, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podría acudir al programa de ayudas del RDL 11/2020 art.9.




¿Pueden modificarse los plazos de los contratos de alquiler de vivienda a causa de la crisis sanitaria?


Bajo solicitud del inquilino y aceptación del arrendador, podrá aplicarse una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses a los contratos que concluyan entre el día 2 de abril de 2020 y los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma.




¿Qué ocurrirá con los desahucios cuando finalice el estado de alarma?


Si cuando se reinicien los trámites de desahucio, el inquilino puede demostrar que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica, debido a la paralización de la actividad por el covid-19, y que le resulta imposible encontrar otra vivienda para sí mismo y las personas que convivan con él en la vivienda arrendada, se comunicará a los servicios sociales y se decretará la suspensión del lanzamiento con carácter retroactivo y por un periodo máximo de 6 meses.

En el caso de que el arrendador acredite estar igualmente en una situación de vulnerabilidad derivada de la crisis sanitaria, se hará saber a los servicios sociales competentes para su consideración sobre el plazo de suspensión extraordinaria y las medidas de protección social a adoptar.




¿Cómo acredita el inquilino de vivienda que está en «situación de vulnerabilidad»?


El inquilino deberá acreditar con los documentos pertinentes que:

  • Se encuentra en situación de desempleo como consecuencia de un ERTE, que su jornada ha sido reducida o, si es un empresario, que ha sufrido una perdida sustancial de ingresos.
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, tres, cuatro o cinco veces el IPREM, en función de circunstancias que incapaciten para realizar una actividad laboral a los miembros de la unidad familiar o al propio inquilino. Estos límites podrán verse incrementados dependiendo del número de hijos o de personas mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
  • Que el resultado de la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos de laivienda habitual - electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, servicios de telecomunicación fija y móvil, y cuotas de comunidad - sea superior o igual al 35% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que ni el arrendatario ni ningún otro miembro de la unidad familiar sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España (exceptuando situaciones que impidan el uso de la misma).




¿Qué ayudas públicas puede solicitar el arrendatario para el pago del alquiler?


Hasta el momento se han acordado una serie de medidas, que están pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

  • Línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 (RDL 11/2020 art.9).
  • Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del covid-19 en los alquileres de vivienda habitual (RDL 11/2020 art.10).
  • Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.
  • Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (RD 106/2018) por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (RDL 11/2020 art.11).
  • Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (RDL 11/2020 art.12).




No puedo pagar los suministros de energía y agua, ¿me los pueden cortar?


No se podrá suspender ningún servicio de suministro esencial para ningún consumidor en su vivienda habitual.




¿Quién se puede beneficiar de esta medida de prohibición de cortes de suministros?


Todos los consumidores personas físicas, es decir, solo particulares –no empresas- y para los suministros de su vivienda habitual.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.




¿Qué suministros se incluyen en la protección de cortes de suministros?


Energía eléctrica, agua, gas natural y determinados productos derivados del petróleo (gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización).




¿Hay alguna excepción en la protección de cortes de suministros?


Solo se podría cortar el suministro por cuestiones de seguridad del suministro, de las personas y las instalaciones (por ejemplo, en caso de avería eléctrica o de necesidades de mantenimiento urgente).




¿Supone la anulación de las facturas de suministros?


Esta medida de protección no supone una anulación de las facturas de los suministros. En todo caso se tendrán que abonar.

Aquellas familias que tengan derecho al bono social pueden beneficiarse de un descuento del 25% o 40% según su grado de vulnerabilidad, para facilitar que se pueda pagar la factura. Asimismo, los servicios sociales municipales pueden contar con líneas o mecanismos de apoyo específicos




¿Qué ocurre con los procedimientos de corte de suministros?


En el caso de electricidad y gas natural, la normativa prevé que deben pasar dos meses desde el requerimiento fehaciente de pago hasta poder cortar el suministro. En el caso de electricidad, el plazo se amplía a 4 meses en el caso de consumidores vulnerables.

Además, la normativa actual impide interrumpir el suministro eléctrico en caso de impago a los hogares acogidos albono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Las medidas aprobadas en relación con el COVID-19 paralizan estos plazos, de modo que mientras dure el estado de alarma, no computan. Esto significa que, si el primer requerimiento fehaciente de pago ocurre durante el estado de alarma, el plazo de dos meses (o de 4 meses en caso de consumidores vulnerables) empezará a contar desde que finalice el estado de alarma.





AUTÓNOMOS Y MICROPYMES

¿Quién puede solicitar la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19?


Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma (Anexo I del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) o cuya facturación mensual caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.




¿Durante cuánto tiempo voy a cobrar la prestación extraordinaria por cese de actividad?


Esta prestación es con carácter excepcional, se percibirá durante un mes o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, de prolongarse este durante más de un mes.




¿Cuánto voy a cobrar de prestación extraordinaria por cese de actividad?


La prestación a percibir será el 70% del promedio la base de cotización de los doce meses anteriores. Y si no se acredita el periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación, el 70% de la base mínima. En 2019 la base de cotización mínima era de 944,40 € y la máxima era de 4.070,10 € (y en 2020 como estamos a la espera de Presupuestos Generales del Estado, la misma). Por ejemplo, si has cotizado por la base mínima, recibirás 661,08 € durante ese mes (y lo que corresponda si se prorroga el estado de alarma).




¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad?


Estar afiliado y en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o de los Trabajadores del Mar. También sirve para los socios de cooperativas que coticen en autónomos. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no estarlo, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación. Esta prestación es incompatible con cualquier otra, de tal manera que si percibes una prestación de incapacidad temporal o la prestación de nacimiento y cuidado de menor no podrá solicitarse. El cobro de la prestación será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y con la aprobación de ERTE para en caso de tener personas contratadas.




¿Cómo solicito la prestación extraordinaria por cese de actividad?


Se solicita en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que se tenga cubierta la protección por contingencias profesionales. Cada una cuenta con un formulario de solicitud o al ISM, en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del Mar o al SEPE, en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Recordar que para los que sigan dados de alta de autónomos no se modifican los plazos para presentar y, en su caso, pagar las próximas autoliquidaciones, ni para presentar declaraciones informativas.




¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitar la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19?


No, para solicitar esta prestación no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones, solo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.




¿Se puede acceder a la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19 incluso teniendo alguna deuda con la Seguridad Social?


Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.




¿Supone la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19 que quien no ingrese no paga cotizaciones?


Esta prestación va más allá. La prestación consiste en que quien cause derecho a ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado.




Si un autónomo cesa la actividad por el COVID-19, ¿tienen que renunciar a las bonificaciones de las que disfruta, condicionadas al mantenimiento de la actividad, como la tarifa plana?


No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19 computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad.




¿Pueden pedir la prestación por cese de actividad por el COVID-19 los autónomos que tienen trabajadores a su cargo?


Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar la prestación extraordinaria.




¿Supone la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19 que quien no ingrese no paga cotizaciones?


Esta prestación va más allá. La prestación consiste en que quien cause derecho a ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado.




Si un autónomo cesa la actividad por el COVID-19, ¿tiene que renunciar a las bonificaciones de las que disfrute, condicionadas al mantenimiento de la actividad, como la tarifa plana?


No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19 computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad.




¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicio, como los taxistas?


Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%. Si acreditan la reducción de sus ingresos en el 75% previsto, no habría ningún problema en compatibilizar la prestación y la actividad.




¿Cómo se va a reconocer la pérdida de facturación de un autónomo que tributa por módulos?


Se está estudiando cómo adaptar esta prestación para aquellos autónomos que no están obligados a emitir factura.




¿Desde cuándo se puede solicitar la prestación?


En el caso de los autónomos cuyo negocio se ha visto obligado a cerrar por la declaración del estado de alarma desde el 18 de marzo, fecha de la entrada en vigor del decreto. En el caso de los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de facturación mensual, desde el momento en que puedan presentar dicha documentación.




Tengo un trabajador contagiado por el coronavirus, ¿se considera una baja por enfermedad común?


Tendrán la consideración de baja como accidente de trabajo a las bajas médicas por contagio o aislamiento por el coronavirus, lo que supone que el trabajador/a pueda percibir su prestación desde el día siguiente a la misma, percibiendo el 75% de su base reguladora, haciéndose cargo de este pago la Seguridad Social. La empresa solo debe seguir pagando la Seguridad Social del trabajador/a y, en su caso, el complemento al 100% por convenio.




¿Qué es un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)?


Mediante dicha medida, las empresas que acrediten causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pueden suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas de sus empleados durante un tiempo. Es el procedimiento mediante el cual las empresas que acrediten causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pueden suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas de sus empleados durante un tiempo. El alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jornada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar, en este caso a la situación derivada del COVID-19. Al ser una medida temporal, la empresa no tendrá que abonar indemnización alguna a las personas trabajadoras afectadas, sin perjuicio del derecho de estas a percibir las prestaciones de desempleo correspondientes.




¿Cualquier empresa que haga un ERTE por causa de fuerza mayor podrá beneficiarse de la exoneración de cotizaciones sociales?


Sí, en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 se beneficiarán de la exoneración. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, la cotización por los contratos suspendidos y las jornadas reducidas es cero. Si tiene más de 50 trabajadores, únicamente tendrán que cotizar por el 25% de estos contratos suspendidos o jornadas reducidas.




¿Las instituciones del tercer sector pueden beneficiarse de esta exoneración?


Sí, las instituciones del tercer sector también están cubiertas por este decreto y les serán de aplicación las medidas que incluye.




¿Cuánto tendría que pagar si no se hubiera aprobado esta exoneración?


En caso de ERTE, la empresa continúa pagando la parte empresarial de las cotizaciones de los trabajadores mientras dura la suspensión o la reducción de jornada. Con la exoneración incluida en el Real Decreto, se alivia parte de esta carga a las empresas.




¿Puedo dar vacaciones a mis trabajadores/as?


A día de hoy, y hasta que el Gobierno aplique nuevas medidas, estas son las medidas organizativas que puede llevar a cabo la empresa, por razón de su menor actividad económica para evitar bajas o despidos, en base siempre al convenio de aplicación y con acuerdo de los trabajadores/as, para reducir el tiempo de trabajo efectivo o su distribución, todas con acuerdos por escrito entre las partes:

  • Acordar una distribución irregular de la jornada de forma temporal, es decir, cambiar horarios de trabajo.
  • Realizar turnos entre los trabajadores/as.
  • Establecer bolsas de horas, de forma que el tiempo de trabajo no realizado ahora se compense tras la reincorporación, manteniendo el contrato intacto.
  • Reorganizar los periodos de vacaciones, adelantándolos a estas fechas.
  • Acordar excedencias voluntarias temporales.
  • Acordar reducciones de jornada.
  • Acordar situaciones de teletrabajo o trabajo a distancia.
  • Establecer permisos remunerados.




¿Tengo que dar de baja a los trabajadores/as de la empresa en la Seguridad Social?


Durante los ERTE no se debe dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social, ya que siguen de alta, con independencia de que, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la empresa pueda estar exonerada del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.




¿Existen formularios y modelos de documentos para la presentación de la solicitud de ERTE?


Una vez que se entra en la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social en el procedimiento para la presentación de los ERTE derivados de COVID-19 se abre un pequeño formulario en alta de solicitud que debe rellenarse. A continuación, se solicitan los restantes documentos obligatorios que deberán presentarse. Para estos documentos no hay ningún modelo establecido, por lo que la empresa puede confeccionarlos como considere más adecuado. En caso de que alguno esté incompleto, durante la tramitación del expediente se solicitará su subsanación. Contacte con su asesoría o, en caso contrario, envíenos un formulario de contacto.




¿Cuáles son los ERTE que se pueden presentar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social?


A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social únicamente se pueden presentar los ERTE competencia de este Ministerio. Es decir, aquellos que afecten a trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en centros de trabajo de más de una comunidad autónoma. Existe un excepción: Cuando el ERTE afecte a trabajadores que prestan servicios en centros de trabajo de más de una comunidad autónoma, si al menos el 85% de los trabajadores de la plantilla total pertenece a centros sitos en una comunidad autónoma y hay afectados en esta Comunidad, esta es la competente para la tramitación del ERTE. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias se tramita ante la Dirección General de Trabajo en el trámite disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.




¿Qué ocurre si la empresa presenta un ERTE por fuerza mayor y la autoridad laboral considera que debe ser por causas productivas?


En los casos en los que la autoridad laboral resuelva que no está acreditada la fuerza mayor, la empresa puede presentar un ERTE por causas productivas que afecte a esos mismos trabajadores/as, siguiendo los trámites exigidos para este tipo de ERTE.




Si en una empresa se ha presentado un ERTE incluyendo a parte de la plantilla y, posteriormente, se considera necesario que el ERTE afecte a más trabajadores/as por circunstancias relacionadas con el COVID-19, ¿puede la empresa solicitar el incremento de los trabajadores del ERTE inicialmente presentado, o debe presentar un ERTE nuevo por el resto de los trabajadores/as?


No es posible incrementar el número de trabajadores/as afectados en un ERTE ya presentado. Por ello, si en un primer momento no es posible determinar el número total de afectados y el modo en que va a ir aplicándose el ERTE, la empresa tendrá que presentar un segundo ERTE.




¿Se puede presentar un ERTE por fuerza mayor que agrupe medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada?


Sí.




¿Cuál es el procedimiento para la tramitación de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19?


Se ha procedido a agilizar el procedimiento para la tramitación de los ERTE, de tal manera que las personas trabajadoras puedan percibir cuanto antes la prestación de desempleo. La empresa presentará una solicitud ante la autoridad laboral competente, que se acompañará de un informe que justifique la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. A título de ejemplo, en aquellas empresas dedicadas a alguna actividad comercial que hayan tenido que cesar totalmente dicha actividad al estar comprendidas en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, será suficiente la presentación de cualquier documento justificativo de la actividad de la empresa. Asimismo, la empresa deberá comunicar la solicitud de ERTE a las personas trabajadoras y, en caso de existir, a la representación sindical. La autoridad laboral verificará la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada solicitada, y dictará la resolución declarativa de la existencia o no de la fuerza mayor en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud. Únicamente en aquellos supuestos en que la autoridad laboral lo considere necesario se solicitará informe previo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Una vez recibida la resolución de la autoridad laboral reconociendo la situación de fuerza mayor, la empresa comunicará a las personas trabajadoras las medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada adoptada. Estas medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Tras dicha comunicación, a las personas trabajadoras se les podrán reconocer la prestación de desempleo.




Puedo volver a abrir mí negocio ¿debo reincorporar a todos los trabajadores afectados por el ERTE por fuerza mayor?


No, mientras el Estado de Alarma continúe en vigor porque así lo autorice el Congreso de los Diputados y así lo acuerde el Gobierno los ERTE por fuerza mayor continuarán en vigor.

No obstante, durante la vigencia del propio ERTE puedes ir reincorporando poco a poco a tus trabajadoras y trabajadores a medida que veas que los vas a ir necesitando y que has recuperado el volumen suficiente de actividad para ello.

Esto supone que, en el mejor de los casos, puede llegar a suceder que antes de que acabe el Estado de Alarma tengas totalmente reincorporada a todas tus trabajadoras y trabajadores.




¿Qué tengo que hacer para reincorporar a alguno o todos mis trabajadores de un ERTE de fuerza mayor?


Tres cosas:

  1. Tienes que notificar a la Dirección General de Trabajo que respecto de las trabajadoras o trabajadores de que se trata renuncias a la medida autorizada, en el caso de los ERTE por fuerza mayor o comunicada, en caso de los ERTE por causas productivas.
  2. Tienes que notificar su situación de alta a la Tesorería General de la Seguridad Social.
  3. Tienes que notificar al Servicio Público de Empleo Estatal que estas trabajadoras y trabajadores, desde la fecha de su reincorporación, deben de dejar de percibir las prestaciones que hasta aquí le venía abonando.




¿Hay algún trabajador que no se pueda reincorporar, aunque yo quiera?


En ningún caso podrás reincorporar a una trabajadora o trabajador que

  • a) En el momento de la reapertura del establecimiento comercial esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 o

  • b) Que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.




¿Qué hago en caso de que haya algún trabajador que no se pueda reincorporar?


Tienes dos opciones:

  1. No comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la suspensión o reducción de la jornada de esa trabajadora o trabajador, de manera que siga dentro del ámbito de aplicación del ERTE hasta que la razón por la que no se pueda reincorporar desaparezca.
  2. Reincorporarlo y tramitar su baja por IT asociada al COVID19.




¿Cómo adapto las condiciones de trabajo de mis trabajadores durante el proceso de desescalada?


Dicha modificación se puede llevar a cabo de dos maneras:

  1. De mutuo acuerdo, mediante la suscripción, de mutuo acuerdo con la trabajadora o trabajador de un anexo de novación del contrato en el que se especifique cómo, de manera temporal o indefinida, van a quedar esas condiciones de trabajo.
  2. Mediante una modificación individual o colectiva de sus condiciones de trabajo en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que una vez acordada, deberá comunicarse con, al menos, 15 días de antelación a las trabajadoras y trabajadores afectados.




¿Qué pasa con los contratos temporales de los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor cuya vigencia concluyó una vez acordado el ERTE?


Las trabajadoras y trabajadores con contratos temporales que hayan visto suspendidos sus contratos mediante un ERTE por fuerza mayor una vez pierda su vigencia el ERTE se reincorporarán a su puesto de trabajo por el tiempo que discurrió entre la fecha de efectos de la suspensión de su contrato y la fecha en que tenía que haber terminado.

Así, si vio suspendido su contrato con efectos del 14 de marzo y su contrato terminaba el 30 de marzo y se reincorpora el 1 de junio su contrato concluirá el 16 de ese mismo mes.




¿Cuál es el tiempo máximo de vigencia del ERTE por fuerza mayor en mí empresa?


Los ERTE por fuerza mayor por los que se acuerdan las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID19, incluida la declaración del Estado de Alarma, tendrán como duración máxima la de vigencia del Estado de Alarma y las sucesivas prórrogas del mismo que se acuerden por el Consejo de Ministros.

Así, mientras no se establezca algo distinto, cada vez que el Congreso de los Diputados autoriza al Gobierno a prorrogar el Estado de Alarma y este lo acuerda se produce la prórroga automática de la vigencia máxima de los ERTES por Fuerza Mayor.




¿Continuará en vigor el ERTE por fuerza mayor durante todo el proceso de desescalada?


El proceso de desescalada implica, sobretodo, una vuelta progresiva al disfrute pleno de nuestras libertades. A lo largo de sus cuatro fases el Gobierno prevé permitir la permanencia de cada vez más personas en eventos o establecimientos y locales abiertos al público pero, hasta que no se terminen las cuatro fases, no volveremos a disfrutar plenamente de nuestras libertades.

Ahora bien, para que pueda llevarse a cabo esa progresiva recuperación de nuestras libertades, el mejor instrumento a disposición del Gobierno, por la seguridad jurídica que aporta, es la propia declaración del Estado de Alarma y que este siga vigente aunque más descafeinada en su contenido y alcance por las órdenes de desescalada que se van a ir dictando.

En este contexto, si continúa en vigor el Estado de Alarma, los ERTE por fuerza mayor podrán continuar en vigor a lo largo de todo el proceso de desescalada.

El artículo 3.4 de la ORDEN SND/388/2020, de 3 de mayo establece que “La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes en el centro de trabajo se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores”.




¿Cuál es la finalidad de la línea de aval COVID-19 del ICO?


Cubrir las nuevas financiaciones o renovaciones concedidas por las entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades derivadas de, entre otros, pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, con el objetivo de facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del Covid-19.




¿Qué limite tiene la línea de aval COVID-19 del ICO?


Se ha activado un primer tramo de la Línea de Avales, por importe de 20.000 millones de euros, con dos sub-tramos:

  • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
  • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.




¿Cómo funciona la línea de aval COVID-19 del ICO y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?


  • Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales.
  • La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.
  • Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
  • Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para avalar operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas.




¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la línea de aval COVID-19 del ICO?


Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020.

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.




¿Quién puede acogerse a la línea de aval COVID-19 del ICO?


Los autónomos y empresas que tengan domicilio social en España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del Covid-19.




¿Qué operaciones pueden ser avaladas por la línea de aval COVID-19 del ICO?


Nuevos préstamos y otras modalidades de financiación, y renovaciones de operaciones otorgados a autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del Covid-19 siempre que:

  • Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.
  • Las empresas y autónomos:
    • No figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
    • No estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el art. 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores (que incluyen el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones; la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor; o el incumplimiento del pago, durante los 3 meses anteriores, de obligaciones tributarias, cuotas de la Seguridad Social, o de salarios e indemnizaciones laborales).
    • Cuando sea aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea no encontrarse en situación de crisis a 31/12/2019 conforme a los criterios establecidos en el art. 2 (18) del Reglamento de la Comisión nº 651/2018, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.
  • La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.




¿Cuál es el importe máximo de los préstamos avalados por el ICO?


En función del régimen aplicable conforme a la normativa de la Unión Europea:

Para préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento (UE) n° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, cuando sea aplicable.

En este caso el principal de la operación de préstamo u otras modalidades de financiación según el régimen de minimis aplicable, hasta un máximo de 1.500.000€.

Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, o cuando no sea aplicable el régimen de minimis, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición de pyme.

La aplicación del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea en estos casos, establece unos límites sobre el principal de la operación para aquéllas con vencimiento posterior a 31.12.2020. Simplificando serían:

  • Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de las subcontratas desempeñadas en las sedes).
  • 25% de la facturación de 2019.
  • Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos:
    • PYME: 18 meses
    • No PYME: 12 meses.

Esta última condición no se especificaba en el BOE. Las ha incorporado el ICO en su web.

  • Excepciones superiores condicionadas debidamente justificadas.




¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval COVID-19 del ICO?


En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal (no intereses, comisiones u otros gastos) de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.

Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% del principal en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.




¿Cuál es el plazo de vigencia del aval COVID-19 del ICO?


El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.




¿Cuál es el plazo de solicitud de los avales COVID-19 del ICO?


Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020.




¿Qué es una moratoria fiscal?


Una moratoria de pago es una prórroga del plazo que se había establecido para satisfacer la deuda. En general, se puede utilizar el término en relación con el cumplimiento de cualquier obligación.

Por lo tanto, si hablamos de una moratoria fiscal, nos referimos a un aplazamiento en el pago de unos impuestos o declaraciones/autoliquidaciones.




¿Qué se ha incluido en la moratoria fiscal motivada por el coronavirus?


Entre las medidas económicas del Real Decreto-ley 7/2020 para paliar los efectos del coronavirus, existe un aplazamiento fiscal al que podrán acogerse las empresas o entidades con un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 euros. El límite del importe a aplazar sin aportar garantías es 30.000 euros.

El aplazamiento máximo es de seis meses, con los tres primeros de carencia:

Si el retraso en el pago solo es de hasta tres meses, no hay intereses, se pagaría lo mismo.

Si es de tres a seis meses, están bonificados los intereses y a los seis meses, se pagaría la mitad de los que corresponderían normalmente.

Se podrán aplazar todas las deudas cuyo plazo de declaración e ingreso se encuentre comprendido entre la fecha de publicación del Real Decreto-ley 7/2020, el 13 de marzo de 2020, y el 30 de mayo de 2020, ambos incluidos.

En concreto, los conceptos que entran en este aplazamiento afectan a los siguientes modelos:

  • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 111, 115 y 123.
  • Pagos fraccionados del IRPF: modelo 130 y 131.
  • Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades: modelo 202.
  • Declaración trimestral de IVA: modelo 303.




¿A qué se refiere la ampliación del bono social a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación como consecuencia del COVID-19?


El bono social es un descuento directo en la factura eléctrica, dirigido a usuarios en situación de vulnerabilidad.

Con carácter excepcional, y durante 6 meses a contar desde el 1 de abril, podrán solicitar el bono social:

  • Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  • Los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Para poder acceder al bono social, es preciso que además cumplan con alguno de los siguientes criterios:

  • Que la renta anual del usuario o su unidad familiar no sea superior a 18.799€, si no hay menores en el hogar.

  • Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 22.559€ si hay un menor.

  • Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 26.318€, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Los criterios de renta para acceder al bono social se calcular empleando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A los efectos del bono social, se tiene en cuenta la última renta anual disponible que, en estos momentos, es la de 2018.




¿Qué implica esta medida para sus potenciales beneficiarios?


Estos beneficiarios del bono social serán considerados usuarios en situación vulnerable, que supone un descuento directo un 25% en el recibo de la luz.

Se tendrá la condición de vulnerable en tanto no reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. En todo caso, la ayuda se prestará por un periodo máximo de 6 meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de abril.

En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 40% en la factura de electricidad.




¿Cómo se aplica el descuento del bono social?


El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria.

El descuento se aplica sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando el contrato de suministro esté a nombre de una persona jurídica y no del autónomo, éste deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure el profesional que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación.

Además, en todos los supuestos, es preciso estar adscrito a la tarifa de precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC). El cambio de tarifa se puede solicitar en el mismo momento en el que se tramita el bono social.

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.




¿Cómo se solicita el bono social?


Si se halla en uno de los supuestos de vulnerabilidad, puede tramitar su petición para percibir el bono social. Como requisito inicial, es imprescindible que la tarifa aplicable en su recibo de la luz sea la de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aunque también se podrá tramitar el paso a dicha tarifa en el momento en el que se solicite el bono social a la comercializadora de referencia si el consumidor se encuentra en mercado libre.

  • El PVPC es el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.

  • Sólo puede contratarse el PVPC si se tiene una potencia contratada igual o inferior a 10kW.

  • El PVPC se contrata con las comercializadoras de referencia.




¿En qué consiste la ayuda extraordinaria del 30% adicional para autónomos y autónomas?


Es una ayuda complementaria del 30% de la base cotización para personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias y que hayan causado baja en su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la emergencia de la COVID-19.

Se suma a la prestación del 70% que da el Gobierno de España, con lo que las personas autónomas de Canarias que cumplan los requisitos recibirán como mínimo el 100% de su base mínima.




¿Para poder ser beneficiario de la ayuda extraordinaria del 30% tengo que tener concedida antes la prestación estatal?


Sí. Es requisito indispensable tener reconocida la prestación extraordinaria del 70% de la base mínima de cotización que ofrece el Gobierno de España, un trámite que se debe hacer con la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente.




¿Puedo pedir la ayuda extraordinaria del 30% si no he suspendido mi actividad?


Esta ayuda sólo es para aquellas personas trabajadoras que a causa de la declaración del estado de alarma, hayan tenido que suspender totalmente su actividad.




¿Puedo solicitar la ayuda del Gobierno de Canarias del 30% que complementa la prestación extraordinaria por cese de actividad?


Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Agrarios, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, o en la Mutua correspondiente.

b) Haber sido suspendida su actividad como consecuencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

c) Haber sido reconocido por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social correspondiente el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.




¿Cuánto voy a cobrar de ayuda extraordinaria del 30%?


La cuantía de la ayuda se determinará aplicando el 30% a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la misma, la cuantía de la ayuda será equivalente al 30% de la base mínima de cotización en el régimen especial que corresponda.




¿Dónde puedo solicitar la ayuda extraordinaria del 30%?


La presentación de la solicitud se hace de manera telemática a través de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo.




¿Cuáles son los plazos para hacer la solicitud de la ayuda extraordinaria del 30%?


El plazo para solicitar la ayuda adicional del 30% de la base de cotización comenzó el 6 de mayo y permanecerá abierto durante dos meses.





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